Además de los requisitos en materia de cumplimiento que las grandes empresas están incluyendo en el proceso de selección de proveedores, se está difundiendo en el mercado la necesidad de vigilar el cumplimiento de los proveedores, los clientes y los trabajadores.

Las empresas son cada vez más conscientes del riesgo de contagio o contaminación de una situación de incumplimiento por parte de una empresa con la que se mantiene una relación continuada. Por motivos éticos o estéticos una empresa no querrá ser emparentada públicamente con otra que ha salido en los medios como investigada o condenada por un delito grave.

La obligación de control sobre los proveedores a los que se externalizan funciones críticas se convierte en una vigilancia permanente de eventuales incumplimientos que puedan generar responsabilidad para la empresa que los contrata. El afán de evitar la culpa in eligendo y la culpa in vigilando lleva a muchas empresas a elaborar un mapa de relaciones y a evaluar a las otras empresas con el fin de tomar decisiones sobre quién es apto para hacer negocios con la empresa y quién no.

Un antecedente claro y plenamente consolidado es el de la calidad y la trazabilidad alimentaria, en la que cada parte de la cadena de suministro debe controlar a la anterior, la que le entrega la materia prima o elaborada. Otro ejemplo es el de la ISO 9001, en la que el control de la calidad se extiende a toda la cadena de suministro.

Esta vigilancia permanente, y la exigencia de estándares éticos y de cumplimiento puede provocar, a la larga, una exclusión del mercado de las empresas que no ofrezcan garantías de cumplimiento.

Por contra, las empresas que dispongan de un modelo de cumplimiento y puedan acreditar su voluntad de hacer frente a sus obligaciones legales y contractuales, verán reducido ese riesgo de exclusión.

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Las entidades financieras forman parte de los grupos de interés que pueden quedar afectados por cualquier tipo de circunstancia que ponga en riesgo la continuidad del negocio de sus clientes. Es evidente que el cierre una empresa o el inicio de un proceso concursal tiene graves consecuencias para los créditos concedidos a la misma, y un incumplimiento grave puede ser el desencadenante de una situación de crisis empresarial.

Por ello es habitual que, en el momento en que una empresa solicita financiación o negocia una operación de refinanciación, la entidad financiera solicite información sobre los elementos clave que puedan afectar a su solvencia y a la continuidad del negocio.

Las empresas que disponen de un modelo de cumplimiento normativo ofrecen una imagen de orden y de voluntad de cumplimiento que puede influir en el nivel de confianza de sus acreedores en su capacidad para hacer frente a sus obligaciones.

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El nivel de exigencia a los proveedores en los procesos de homologación establecidos por las grandes y medianas empresas y por el Sector Público es cada vez mayor.

Progresivamente, las empresas se van dotando de plataformas o portales de compras en los que hay que acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para poder ser proveedor de la empresa. No se trata sólo de aplicaciones de gestión documental de TC1 y TC2 o de coordinación de actividades empresariales a los efectos de la prevención de riesgos laborales. Las empresas empiezan a exigir políticas anticorrupción, códigos éticos y modelos de cumplimiento.

Esta progresiva automatización de los procesos de acreditación y homologación de proveedores es especialmente evidente en la convocatoria de concursos, tanto públicos como privados.

Y todo ello nos lleva a la conclusión de que las empresas que mejor puedan acreditar la existencia y la eficacia de un modelo de cumplimiento tendrán una ventaja superior en los concursos convocados por entidades públicas y por empresas privadas para la contratación de productos o servicios.

En este caso es muy claro el argumento de que el compliance favorece al negocio y su ausencia lo perjudica, ya que disponer de un modelo de cumplimiento permite conseguir más puntos en un proceso de selección de proveedores y no disponer de él incrementa el riesgo de exclusión del mercado, al no ser capaces de demostrar que un candidato a convertirse en proveedor de una empresa tiene el mismo nivel de prevención y control del incumplimiento que ésta.

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Análisis del caso Société Générale desde la óptica de la metodología Compliance 3.0 del despacho Ribas y Asociados. Forma parte del curso de Compliance publicado en nuestro Campus de Compliance en 2015.