El Diccionario Mapfre de Seguros define «autoseguro» como la situación en la que una persona, física o jurídica, soporta con su patrimonio las consecuencias económicas derivadas de sus propios riesgos, sin intervención de ninguna entidad aseguradora.

Según las estadísticas del sector, las primas de los seguros de responsabilidad civil de directivos (D&O) han bajado casi un 43%, mientras que las reclamaciones contra estos cargos se han incrementado más de un 24%, lo cual genera un importante  aumento del riesgo que los directivos asumen fuera del seguro. El llamado autoseguro.

Paralelamente, los recortes presupuestarios han provocado una reducción de la inversión en control y prevención mientras que  la incertidumbre económica, unida a las tensiones internas de las empresas, ha incrementado el riesgo de manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción, fraude fiscal y uso de información privilegiada, según un estudio de PwC, que atribuye a la alta dirección la autoría del 61% de estos delitos.

Este escenario debe motivar a los directivos a crear pruebas de su diligencia en la gestión de sus departamentos y de los riesgos jurídicos asociados a la misma.

Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de crear evidencias electrónicas de su esfuerzo por prevenir infracciones y, llegado el caso, de demostrar su oposición a decisiones de riesgo de sus superiores o a recortes que pongan en peligro los niveles exigibles de cumplimiento normativo.

Asumida la situación de autoseguro, el objetivo del directivo debe ser reducir el riesgo de que cualquier contingencia que sufra la empresa o el departamento que dirige, sea atribuible a su gestión. Para ello, el directivo debe adoptar, entre otras las siguientes medidas:

– Identificación de los riesgos más graves y probables que afectan a su departamento o área de competencias.

– Selección de los controles adecuados para prevenir y detectar dichos riesgos.

– Captura de las evidencias electrónicas que demuestren la existencia de los controles en una fecha determinada, su eficacia y el esfuerzo realizado por el directivo en su aplicación y en el mantenimiento de los niveles exigidos de cumplimiento normativo.

– Conservación de las evidencias en un repositorio externo orientado a aportar pruebas de la diligencia del directivo en caso de reclamación. Las evidencias deberán conservarse durante los plazos de prescripción de las correspondientes acciones.

Esta actividad de preconsitución de la prueba es decisiva en un país donde acostumbramos a organizar nuestra defensa y las evidencias asociadas a la misma inmediatamente después de conocer la existencia de la reclamación, con el consiguiente riesgo de que la prueba parezca creada ad hoc y convenientemente predatada.

Está claro que el directivo tiene otras opciones, como dormir tranquilo junto a su póliza de seguros, especialmente teniendo en cuenta que la seguridad, como dicen, es un estado de la mente.