El auditor corrupto

La independencia del auditor está ampliamente regulada en la legislación nacional e internacional y la nueva Ley de Auditoría de Cuentas ha reforzado las obligaciones del auditor en esta materia.

La cuestión que se plantea es si las acciones u omisiones de un auditor, o de una sociedad de auditoría, en el ejercicio de su función de revisión y verificación de las cuentas anuales y los estados financieros de una compañía, pueden llegar a tener trascendencia penal en los supuestos de máxima gravedad.

Hasta ahora, la actividad de los auditores incursos en un procedimiento penal se ha asociado a los delitos de falseamiento de cuentas anuales y de información financiera. La decisión del legislador y del juzgador de sancionar penalmente estas conductas estaría justificada en este caso por la frustración de la confianza del mercado en el informe del auditor sobre la fiabilidad de las cuentas revisadas y el perjuicio causado a los accionistas, proveedores, clientes y demás grupos de interés que confiaron en dicho informe.

Pero el falseamiento de las cuentas anuales y de la información financiera puede ser solamente la consecuencia o el síntoma de una enfermedad más grave: la pérdida de la independencia del auditor causada por el desequilibrio entre la facturación de los servicios de auditoría y los restantes servicios de consultoría y asesoramiento contratados por la compañía auditada.

En los supuestos de máxima gravedad, en los que la sociedad de auditoría ha perdido la capacidad de resistir la presión del cliente para emitir un informe favorable, que oculte la situación real de la empresa, el análisis de la actividad de la sociedad de auditoría debería extenderse a los ingresos obtenidos por servicios distintos a los de auditoría contable.

Es evidente que la pérdida de esos ingresos puede condicionar la opinión del auditor cuando su cuantía es muy superior a los ingresos percibidos por los servicios de auditoría. Esta situación podría llegar a crear una transacción de facto, en el que la partida sería el mantenimiento de unos importantes ingresos por servicios “non-audit” y la contrapartida sería una interpretación más laxa de los criterios contables aplicados por el cliente. La prestación de las dos categorías de servicios por sociedades distintas sería absolutamente irrelevante en el caso de confirmarse la falta de independencia y su influencia final en el informe del auditor.

Si se considerase que la contratación de servicios distintos a los de auditoría se ha convertido, en la práctica, en una contrapartida a la emisión de un informe favorable al cliente, la actividad de la sociedad auditora podría quedar subsumida en el tipo penal del delito de corrupción en los negocios, que tiene asignadas unas penas superiores a las del delito de falseamiento de cuentas, tanto para las personas físicas y como para las jurídicas.

Sería lógico en este caso, por una cuestión ética y estética, que en la oferta de servicios de la firma no figurasen los de “compliance” o cumplimiento normativo, y mucho menos los de formación en esta materia.

 

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