Como ya comenté en mi anterior post, este año celebramos en el despacho el 30 aniversario de nuestra especialización en protección de datos y hemos planificado una serie de webinars para celebrarlo durante los próximos meses.

En 1992, era habitual encontrar en las porterías una papelera para poder tirar todo el correo con publicidad no solicitada que llenaba los buzones a diario. No era buzoneo, sino cartas personalizadas con tu nombre y apellidos.

También era habitual que tu hijo recién nacido llegase por primera vez a casa y ya tuviese cartas a su nombre porque alguien en el hospital había vendido los datos a empresas relacionadas con productos para bebés.

Estas prácticas se consideraban una molestia en el caso del correo comercial y a veces incluso una sorpresa agradable en el caso de que alguien le diese la bienvenida a este mundo a tu hijo recién nacido.

No se consideraba una intromisión en la intimidad porque no existía una cultura en esta materia y no se había desarrollado ni la sensibilidad ni la necesidad de que hubiese una protección de los datos personales.

El artículo 18.4 de la Constitución establecía que la ley debía limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, pero esta limitación parecía dirigida a los abusos del Estado vigilando a los ciudadanos.

Durante estos 30 años hemos podido ver la evolución de las tecnologías y los abusos por parte de algunas empresas, especialmente las grandes compañías asociadas a Internet.

Y aunque algunas sanciones han sido justas, el resultado final es que tenemos una normativa compleja y exigente que incrementa terriblemente el gasto de empresas que, por el sector al que pertenecen, nunca van a tener interés en cruzar unas líneas rojas que no están marcadas para ellas.

Si en 1992 me hubiesen dicho que Mad Max iba a denunciar a la Real Academia Española de la Lengua por intentar saber las palabras que más consultamos en su diccionario no lo habría creído.

Pero resulta que alguien considera que esos datos sobre el uso del diccionario de la RAE, que los usuarios consentimos que se envíen a directamente a Estados Unidos para que Google elabore las estadísticas, pueden ser de interés para las agencias de inteligencia exterior en su lucha contra el terrorismo internacional.

En el día de la protección de datos podemos reflexionar si era esto lo que queríamos hace 30 años, cuando desarrollamos el automatismo de abrir el buzón y tirar las cartas comerciales a la papelera.