Uso ilícito de las tarjetas de empresa

Artículo de opinión publicado en Expansión el 4 de octubre de 2014 (Página 50)

Las tarjetas de empresa son utilizadas habitualmente para el pago de los gastos que el directivo realiza en nombre de la empresa. En la mayoría de los casos se trata de gastos de viaje, alojamiento y manutención que deben estar directamente relacionados con la actividad de la empresa. En los casos en que no es así, o cuando se superan los límites legalmente establecidos, la tarjeta de la empresa puede convertirse en un instrumento remuneratorio.

Para que el uso corporativo de la tarjeta sea correcto, el directivo debe entregar al departamento de contabilidad la factura y el justificante del pago. Si la cuenta de cargo de la tarjeta es del directivo los pagos no justificados no serán reembolsados por la empresa. Pero si la cuenta de cargo es de la empresa y los cargos no se repercuten al directivo se habrá producido un beneficio para éste que resultará opaco para la Hacienda Pública.

Si el bien o servicio adquirido es para uso personal y el titular es el directivo, el cargo se producirá sobre unas cantidades que han pasado por nómina, han sufrido las correspondientes retenciones y se han integrado en la renta percibida por el directivo, sujeta a tributación por IRPF. En cambio, si el cargo se ha producido directamente en una cuenta de la empresa, el directivo habrá percibido una remuneración que será opaca para la Hacienda Pública. El mismo resultado puede obtenerse si el gasto personal es cargado en la cuenta del directivo y después es reembolsado íntegramente por la empresa. Si la cuantía de la cuota defraudada supera los ciento veinte mil euros podemos estar ante un delito fiscal.

Este medio de pago también puede escapar a los controles basados en la segregación de tareas. El directivo puede escoger al proveedor, acordar el alcance y el precio, aceptar la prestación, aprobar la factura y realizar el pago. Estas tareas acostumbran a estar segregadas en las empresas con el fin de evitar fraudes. El uso de la tarjeta corporativa por parte del directivo puede no estar sujeto a estos controles. En ciertos niveles, la factura presentada por el directivo no exige una aprobación adicional. El único control es cuantitativo, y consiste en establecer un tope anual para la tarjeta, que, en la práctica, puede ser superado.

Si sumamos la falta de control a la opacidad del medio de pago, el directivo puede disponer libremente de la tarjeta para usos personales o incluso para una finalidad similar a la de los famosos fondos reservados. El uso de este medio de pago podría ser utilizado entonces para agradecer a cargos públicos o clientes favores realizados o pendientes de realizar. En este caso podríamos estar ante un delito de corrupción pública o privada si las cantidades fuesen significativas.

Las empresas están actualmente en pleno proceso de transformación, adoptando los modelos de prevención y control exigidos en la reforma del Código Penal de 2010 y claramente definidos en el proyecto de reforma actual. En ellos se debe dotar de la máxima independencia al órgano individual o colegiado encargado de velar por el cumplimiento del modelo, con la difícil tarea de alertar del riesgo de incumplimiento de las normas de control a los propios directivos que las aprobaron.

La constante aparición en los medios de casos de corrupción y de comportamientos contrarios a la ética empresarial deberían provocar una aceleración en la tramitación de la nueva reforma con el fin de lanzar un mensaje al exterior y mejorar nuestra imagen como país en los mercados internacionales.

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